El martes de la semana pasada tuvo lugar un debate televisivo entre el expresidente Dr. Julio María Sanguinetti y el Cardenal de Montevideo, Mons. Daniel Sturla.
Fue organizado por el Ministerio de Educación y Cultura, en el ciclo “Arena de debates”, al cumplirse 150 años del nacimiento de José Enrique Rodó. Se realizó en el Hospital Maciel, lugar emblemático, porque en 1906 se retiraron de allí los crucifijos colocados desde el inicio del hospital, que era atendido por una comunidad religiosa. Y es que acababa de aprobarse una ley en el Parlamento que mandaba retirar los símbolos religiosos de las dependencias públicas de salud, entre otras, el hospital Maciel.
La ley causó un gran revuelo en una sociedad mayoritariamente católica. También entre figuras no católicas se produjo una reacción contraria. Rodó fue uno de esos casos. A través de una carta publicada en La Razón, calificó la medida de “jacobinista” (es decir, de empecinamiento antirreligioso). La postura de Rodó le costó la enemistad del presidente, que era José Batlle y Ordóñez, que bien puede considerarse el autor intelectual de la ley, por su firme postura anticlerical. Rodó fundamentó sus afirmaciones en varios artículos publicados en la prensa, para contestar los argumentos del doctor Pedro Díaz, que había aparecido como defensor de la ley. Más tarde, Rodó puso sus ideas por escrito en un librillo titulado “Liberalismo y jacobinismo”. Este episodio fue el punto de partida del debate entre Sanguinetti y Sturla.
A lo largo del mismo, el doctor Sanguinetti fue explicando las causas de las posturas anticlericales. La Iglesia estaba en una situación históricamente dominante, y eso se manifestaba en muchos campos de la vida civil. Pero a medida que fue perdiendo influencia en Occidente, fue cediendo su lugar al Estado, en un proceso que se llamó “secularización”, que comenzó en Europa. Llegó a Uruguay a mediados del XIX y se fue concretando en acciones como el traspaso de la administración de los cementerios de la Iglesia al Estado, en el gobierno de Berro; en la prohibición de la educación religiosa en las escuelas, con la reforma de José Pedro Varela; en la expulsión de las comunidades de religiosos de los centros de salud, durante el gobierno de Batlle y Ordóñez. Y, finalmente, con una nueva Constitución en 1917, en que la religión católica dejó de ser la religión oficial del Estado. A partir de ese momento, el Estado se considera laico, es decir, no tiene ninguna religión y reconoce todos los cultos religiosos.
A su vez, el Cardenal Sturla explicó que la posición de influencia de la Iglesia había sido consecuencia de la gran incidencia que tuvo en la construcción del país, desde los inicios de su historia. Y señaló algunos momentos más destacados, como poner en marcha los primeros institutos de educación escolar, el impulso al progreso industrial por la acción de los jesuitas, la puesta en marcha de la Universidad, la participación del clero en las gestas de independencia durante el período artiguista. El Papa Juan Pablo II, en su visita al país, en 1987, había dicho que “el Uruguay había nacido católico”, expresión que resume esa realidad.
Ambos reconocieron posiciones agresivas de representantes de cada parte en aquel proceso. Posturas y dichos que ojalá no se hubieran producido. Por eso el Cardenal se refirió a las “heridas” que permanecen abiertas, mientras el doctor Sanguinetti prefirió hablar de “cicatrices”. Son expresiones igualmente gráficas, pero cada una revela un aspecto diferente: las heridas son derechos que quedaron lesionados y que exigen una reparación, las cicatrices son los acuerdos a los que hubo que llegar para preservar la paz, cediendo cada uno en una parte de sus aspiraciones. A esta actitud se la ha denominado tradicionalmente tolerancia, que expresa que hay elementos negativos con los que es preciso convivir, mientras no se puedan quitar. Para quienes no conozcan esta parte de la historia, me permito citar el episodio que protagonizó D. José Batlle y Ordóñez en las discusiones de la Constitución de 1917, que pedía que el Estado quitara la propiedad de los templos de la Iglesia porque se habían construido con dineros públicos, cuando Iglesia y Estado estaban unidos. Batlle renunció a esta idea a cambio de que la oposición le aceptara su idea del Ejecutivo colegiado, tal como se aprobó. Y así la Constitución reconoció a la Iglesia la propiedad de los templos, y se instauró el Ejecutivo colegiado. Se ve hasta qué extremos se llevaba la discusión.
Titulé este artículo como “el último debate”, no tanto porque sólo ha transcurrido una semana del mismo, sino porque creo que los hechos pasados han quedado claros y suficientemente discutidos. Como dijo el Dr. Sanguinetti al final: “podríamos hablar horas sobre el tema”. Pienso que las nuevas generaciones desean discutir sobre lo que aún no se ha conseguido. Es preciso seguir avanzando. Por poner solamente un ejemplo, la educación pública no depende de la Iglesia y nadie se ve obligado a profesar una fe religiosa si no lo desea. Pero se debe atender a quienes desean tenerla, en el marco gratuito que el Estado ofrece. Es decir, que el Estado asegure a cada ciudadano el derecho a elegir la religión que desea para sus hijos.
Hay muchas cuestiones que exigen, a las nuevas generaciones, soluciones nuevas. Y vivimos en un clima de paz suficiente como para discutirlas.
Juan Carlos Carrasco
Ex-Profesor de Ética y Cuestiones de Teología de la Universidad de Montevideo.
Master en Gobierno de Organizaciones
Artículo aparecido en el diario El Observador de Montevideo el 2/12/2021
