La educación en Uruguay está en crisis. Esta afirmación tan repetida en los últimos tiempos, cada vez nos dice menos. Por eso es necesario ser aclarada en su significado para que no se acabe hablando de lo mismo y no se entienda de qué estamos hablando. Prefiero reemplazarla por otra más explícita: la educación en Uruguay se ha empobrecido. Resultado de un lento y gradual proceso, del que ningún partido concreto es responsable. Una herencia que sufrió una merma con el tiempo, como el de una familia dispendiosa que no supo conservar los bienes que correspondían a sus descendientes. En otras palabras: cada generación tiene hoy menos para dar a la siguiente.
Uno de los méritos de la reforma vareliana fue lograr que el Estado interviniera en la educación de su pueblo, con sus consecuencias positivas, de todos conocidas, y que aliviaron a las instituciones religiosas en esa responsabilidad. El Estado había permanecido casi al margen, absorbido por la defensa de la soberanía frente a los enemigos externos: los imperios de Brasil, Inglaterra y Francia. Recién en el último cuarto del XIX pudo atender los requerimientos internos, que eran muchos, y uno de ellos especialmente letal: el resquebrajamiento de la unidad como nación. El país estaba dividido. Los partidos tradicionales, en lo político, enfrentados en revueltas fratricidas que sobrevivirían aún por años. El liberalismo y el principismo, en lo filosófico, con una radicalidad de ideas contraria a cualquier entendimiento. Y una lucha enconada, en lo religioso, entre católicos y masones, que impedía ejercer el derecho de exponer con libertad las propias convicciones y ser respetado.
El Estado enfrentó este nuevo enemigo con energía. Lo hizo a través de un golpe militar. El uso de la fuerza más bien destruye, pero en este caso dejó un resto positivo, que fue la reforma vareliana. Detengámonos en el aspecto filosófico y religioso. El Estado impuso restricciones que permitieron eliminar enfrentamientos que inmovilizaban. Nos referimos a la escuela laica. Las ideas y convicciones en esos temas quedaron fuera del ámbito educativo.
Esa medida, que por las circunstancias de un gobierno de facto, debía ser transitoria, se prolongó en el tiempo más allá de lo admisible, y lo saludable. Cuando alguien sufre la fractura de un miembro, se le inmoviliza colocando un yeso. Pero la inmovilización debe durar lo mínimo imprescindible. De lo contrario, los músculos se atrofian y aquel miembro puede perder su movilidad y energía definitivamente. Esto ha sucedido en el campo de las ideas en Uruguay. Pero hay más: las ideas no pueden ser retiradas sin más, sino que el espacio que dejan es ocupado por otras. El laicismo se transformó en filosofía y religión. Filosofía y religión oficiales. En él no hay lugar para disensión porque es un ataque al Estado y a la democracia. ¿Pero qué es una filosofía recortada y una religión sin Dios, sino una ideología? El siglo XX nos ha demostrado que las sociedades ideologizadas pierden, más temprano o más tarde, su ímpetu y su capacidad de renovarse.
Lo dicho afecta en primer lugar a la educación. En este terreno, son tres los protagonistas: el Estado, los docentes y los padres. No incluyo a la Iglesia, porque entiendo que la religión ya está comprendida, en cada uno al modo que le corresponde, en los tres. Cada uno ha de moverse en su ámbito, sin invadir los otros. Si así no fuera, el Estado sería totalitario, o los docentes corporativistas o los padres elitistas. Cada uno tira para sí, con el único resultado de –valga la expresión- “descuartizar” al educando. Actualmente, el Estado maneja los fondos pero quiere lógicamente resultados, y como éstos no llegan, termina imponiendo sus propias soluciones, como si supiera de educación. Los docentes, que sí saben de educación, o no se les permite trabajar en paz o ellos mismos dan la imagen de que las soluciones son todas y exclusivamente económicas. Los padres, que son los primeros responsables, porque se trata de la educación de sus hijos, se sienten con derecho a agredir a los docentes, cuando el hogar es el primer reducto en el que se educa. Resumiría lo anterior diciendo que la estructura educativa hoy, es la de un educador casi monopólico, que es el Estado, unos funcionarios públicos que son los docentes y unos consumidores de servicios públicos que son los padres.
Si esto es así, la solución es restablecer el rol de los protagonistas a su función natural. Aparte de velar por unos contenidos mínimos de la educación, el Estado debe cumplir la acción imprescindible de proveer recursos cuando es necesario -aunque el porcentaje del PBI para la educación no debe ser exigido sólo al Estado-. Los docentes deben recuperar su derecho a enseñar con libertad, sin restricciones en sus ideas. Y los padres deben recuperar los derechos de educación sobre sus hijos, eligiendo la educación que desean y trabajando junto a los docentes, ya que ninguno de los dos consigue algo sin el otro. Y, a la vez, deben contribuir con sus recursos, dentro de sus posibilidades, si realmente desean lo mejor para sus hijos.
Se puede esbozar un camino que conduzca a este objetivo. El director/a de cada institución educativa, primaria o secundaria, es el responsable último de su instituto: de los programas de enseñanza –también en lo filosófico y religioso-; de los docentes que elige para trabajar en él, sean profesores o administrativos; de la matrícula que se debe cobrar, según la calidad de lo que se enseña y las posibilidades sociales y económicas de los padres. El Estado cubriría los costos que no están al alcance de los padres: esa subvención será mayor en algunos casos, menor en otros, y nula en las instituciones donde los padres puedan y quieran aportar más recursos. La distinción entre enseñanza pública y privada dejaría de existir porque, entre otras cosas, se va transformando en un disolvente de la igualdad de oportunidades: la educación de calidad está reservada cada vez más para los que pueden, esto es, para los que tienen.
Esto no es una reforma educativa, sino constitucional. Pero el problema que padecemos tampoco es educativo sino de un cambio de orientación del país. La sociedad está anquilosada y hay que hacer cambios profundos antes de quedar sin posibilidades de reaccionar.
Artículo publicado en el diario EL OBSERVADOR de Montevideo en noviembre 2016.
